Que podemos hacer contra la homofobia

En ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHO-T), un grupo de expertas y expertos internacionales y regionales en materia de derechos humanos* hace un llamado a los Estados para que pongan fin a la discriminación y den respuesta a las violaciones contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y contra aquellas personas que defienden sus derechos.

En muchos lugares del mundo las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) sufren discriminación, estigmatización y actos de violencia. Respetar y garantizar los derechos de las personas LGBTI a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica es crucial para poner fin a la discriminación que enfrentan, así como para dar respuesta a las gravísimas violaciones de derechos humanos de las que son víctimas. Estos derechos no sólo son básicos; son además esenciales para que las personas puedan reclamar otros derechos, particularmente el derecho a vivir libres de discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley, y pueden contribuir a promover un debate público en la sociedad.

Condenamos todo acto de retaliación, intimidación u hostigamiento en cualquier ámbito (sea público o privado) basado en la manifestación o expresión por parte de una persona de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género.

Con motivo del día IDAHO-T de 2014, recordamos a los Estados su obligación de respetar, promover y garantizar los derechos universales sin discriminación alguna. La existencia de desaprobación social respecto de orientaciones sexuales e identidades de género diversas no justifica la discriminación ni la violencia contra las personas LGBTI.

Por ello, nos preocupa profundamente la existencia —y la adopción reciente en varios Estados— de leyes que prohíben difundir información sobre temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, y que restringen arbitrariamente el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

Rechazamos categóricamente los argumentos que alegan que tales restricciones a los derechos de las personas LGBTI son necesarias para proteger la moral pública, la salud o el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad. Bien por el contrario, estas leyes promueven la estigmatización, el abuso y la violencia contra las personas LGBTI. Prohibir el acceso a información relacionada con la salud es perjudicial para el bienestar físico y mental de la sociedad en su conjunto.

Las defensoras y los defensores de derechos de las personas LGBTI enfrentan severos desafíos en el ejercicio de su trabajo, tales como amenazas, ataques, criminalización de sus actividades y campañas de difamación. Además, las reuniones, manifestaciones y/o desfiles de carácter pacífico de personas LGBTI son a menudo prohibidos y relegados a espacios fuera de la vista del público. En muchos Estados, la seguridad de quienes participan en estos eventos a menudo no es protegida de manera adecuada por las autoridades y/o fuerzas de seguridad. Asimismo, las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI están sujetas a una supervisión estatal excesiva y sufren redadas policiales, multas, actos de extorsión y clausuras arbitrarias y discriminatorias.

A pesar del incremento en el número de Estados que han derogado leyes y abolido políticas que discriminan a las personas con base en su orientación sexual o su identidad de género, 77 países continúan criminalizando las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo. Algunos países también criminalizan ciertas identidades y expresiones de género, lo cual afecta a las personas trans. Estas leyes discriminatorias violan las normas internacionales de derechos humanos, promueven la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI, contribuyen a una cultura de impunidad y perpetúan los entornos hostiles. Estas leyes deberían ser derogadas.

Los Estados deben generar un clima de tolerancia y respeto en donde todas las personas, inclusive las personas LGBTI, y quienes defienden sus derechos, puedan expresar sus pensamientos y opiniones sin temor a ser atacadas, criminalizadas o estigmatizadas por hacerlo. Los Estados deben garantizar la participación en asuntos públicos por parte de quienes tradicionalmente han sido víctimas de prácticas o políticas discriminatorias.

En consecuencia, hacemos un llamado a los Estados a que renueven sus esfuerzos para que esta cuestión fundamental de derechos humanos se aborde en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en los organismos intergubernamentales regionales, y a que cumplan con su obligación de respetar, promover y garantizar los derechos humanos de todas y todos, sin discriminación alguna.